El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, liderado por David Moreno, ha tomado una postura firme al solicitar formalmente la creación de una comisión de investigación sobre el aeropuerto de Ciudad Real y el controvertido proyecto de un macrocentro para la recepción y acogida de inmigrantes ilegales. Esta iniciativa responde a lo que han calificado como una serie de «dudas y secretos» que rodean al desarrollo del proyecto, acusando al PSOE de evitar dar explicaciones bajo un supuesto acuerdo de confidencialidad.
Moreno ha manifestado que, frente a lo que considera «pactos de opacidad», se requiere transparencia en asuntos que afectan directamente a la sociedad, especialmente aquellos relacionados con la inmigración ilegal. Según el presidente del Grupo Parlamentario, la cronología de los eventos recientes plantea más preguntas que respuestas. El 1 de octubre, comenzaron las operaciones en el aeropuerto de Ciudad Real para su consideración como posible sede del macrocentro. Poco después, el 4 de octubre, se llevó a cabo una reunión en Moncloa entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Apenas diez días después, el 14 de octubre, el proyecto fue dado a conocer públicamente.
Esta serie de eventos ha suscitado críticas por parte de Moreno, quien duda de la transparencia de Page y Sánchez: «No nos podemos creer que no hablaran de este tema solo tres días después del acuerdo con la empresa gestora del aeropuerto», ha declarado, cuestionando quién de los dos líderes podría estar ocultando la verdad.
La situación se complica con las múltiples preguntas planteadas por Vox respecto al proyecto: si la Junta de Castilla-La Mancha tenía conocimiento previo y no lo divulgó, el número de inmigrantes que se pretende acoger, la temporalidad del centro y su posible infracción de la normativa PSI. Además, inquieren sobre la existencia de convenios entre la empresa gestora y el Gobierno de España, y la razón por la cual ya se ha comenzado a erigir una valla de tres metros de altura alrededor de la nave de carga, a pesar de que no hay una decisión final aparente.
El clima político se intensifica con cada declaración, a medida que las preocupaciones sobre el impacto social y las implicaciones legales de este proyecto continúan creciendo. En este contexto, la solicitud de una comisión de investigación busca arrojar luz sobre un tema de gran sensibilidad y repercusión en la sociedad castellano-manchega.
