La justicia de Ciudad Real se prepara para abordar un caso que ha sacudido la sensibilidad de la comunidad. Este miércoles y jueves, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial llevará a juicio a P.R.R., un hombre de 57 años acusado de agredir sexualmente a sus sobrinas políticas cuando estas tenían apenas siete y once años. La Fiscalía ha solicitado una condena de 24 años de prisión para el acusado, según consta en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
Las acusaciones indican que los abusos ocurrieron entre los años 2010 y 2019, período durante el cual P.R.R. y su esposa eran los tutores legales de las menores. El proceso judicial había sido postergado inicialmente en marzo del año pasado, cuando la acusación solicitó la implicación de la Junta de Comunidades como responsable civil debido a que las menores estaban en «situación de desamparo».
El Ministerio Fiscal ha destacado que las jóvenes, provenientes de un entorno familiar desestructurado y de exclusión social, fueron puestas bajo tutela de la Junta, que más tarde permitió su acogida por parte de sus tíos. Se alega que durante el tiempo que vivieron con el acusado, este abusó de ellas, aprovechando su papel de tutor para ejercer un control que simulaba una figura paterna. Los abusos habrían incluido tocamientos y penetraciones, y se alega que el acusado manipulaba a las víctimas con engaños y chantajes emocionales, presentando la situación como una especie de intercambio por darles alimento y un hogar.
El Ministerio Fiscal no solo ha solicitado una pena de prisión, sino también una orden de alejamiento para el acusado, que deberá mantenerse a una distancia de no menos de 500 metros de las víctimas durante 20 años, así como una indemnización de 30.000 euros por cada una de las jóvenes por el daño moral ocasionado. Este juicio representa un avance crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas, en un caso que no solo ha afectado a la familia involucrada, sino también a toda la sociedad que hoy clama por la protección de los más vulnerables y el castigo a quienes infringen ese deber de protección.