El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en el fortalecimiento de sus políticas sociales y la seguridad jurídica con la reciente aprobación del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. Este ambicioso proyecto, presentado durante una rueda de prensa en el histórico Palacio de Fuensalida en Toledo por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, busca realizar reformas significativas en áreas cruciales como educación, cultura, servicios sociales y empleo público. Además, tiene el objetivo de garantizar un marco de seguridad jurídica más robusto en diversas áreas administrativas.
Denominada como Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2025, la propuesta implica la modificación de doce leyes regionales. Esta estrategia legislativa tiene como propósito integrar todas las reformas necesarias en un único texto legal, que será enviado posteriormente a las Cortes autonómicas para su debate y aprobación parlamentaria.
Entre las reformas más destacadas se encuentra la modificación de la Ley de Educación de Castilla-La Mancha. Esta enmienda busca asegurar la gratuidad del transporte escolar para estudiantes de bachillerato en zonas rurales que enfrentan un riesgo elevado de despoblación. Asimismo, se planean ajustes en la Ley de Participación Social en la Educación para que los consejos escolares cuenten con representación directa de padres, madres y alumnos.
En cuanto a los servicios sociales, se pretende reformar la Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, de manera que los letrados del Gabinete jurídico puedan continuar defendiendo a las personas tuteladas por la Junta incluso después de haber alcanzado la mayoría de edad. En el ámbito del empleo público, se eliminará la limitación que obstaculiza la convocatoria de plazas vacantes en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), facilitando con ello la agilidad en los procesos de selección.
El proyecto no deja de lado el ámbito cultural y propone la modificación de la Ley de Mecenazgo para extender beneficios fiscales a actividades deportivas, incentivando así la actividad física entre los ciudadanos. Además, se prevén cambios en la normativa del juego que excluirán ciertos juegos catalogados como Bien de Interés Cultural y regularán el acceso a los casinos mediante tecnología biométrica.
Otra de las prioridades del proyecto es la mejora de la gestión del patrimonio público y cultural. Para ello, se propone un reparto más justo de los ingresos generados por operaciones urbanísticas y la inclusión del paisaje cultural como una categoría protegida dentro del patrimonio cultural de la región.
El consejero Ruiz Molina subrayó que esta legislación está diseñada para reforzar las políticas sociales y proporcionar seguridad jurídica a las acciones de la administración regional, asegurando una gestión pública más eficiente. Según el consejero, la posibilidad de tramitar este ambicioso proyecto es un reflejo de la estabilidad política en la región, lo que permite una amplia actividad legislativa destinada al beneficio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
