El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado un programa de ayudas económicas, con un monto máximo de 12.000 euros, para los jóvenes de zonas despobladas que elijan continuar su educación en universidades, conforme a lo estipulado en la Ley de medidas contra la despoblación. Así lo ha señalado el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su participación en la jornada ‘Urban Workshop’, organizada por la Universidad Politécnica de Madrid dentro del programa del máster en ‘Planeamiento Urbano y Territorial’. Alique ha enfatizado que esta iniciativa busca financiar los estudios universitarios de jóvenes residentes en áreas clasificadas como despobladas, para permitir que las familias puedan continuar viviendo en sus localidades de origen.
“Somos conscientes de que muchas familias optan por trasladarse a zonas urbanas una vez que sus hijos comienzan los estudios universitarios, y eso es precisamente lo que queremos evitar”, declaró Alique. Este ‘Contrato Programa’ está estipulado en la Ley de medidas contra la Despoblación, vigente desde 2021, y se extiende también a estudios de Formación Profesional Superior, los cuales cuentan con un apoyo económico de hasta 6.000 euros.
El comisionado insiste en que esta estrategia es una apuesta seria no solo en la lucha contra la despoblación, sino también por asegurar la igualdad de oportunidades para los estudiantes de áreas rurales en Castilla-La Mancha. Además, Alique recordó que el plazo para solicitar dichas ayudas estará abierto hasta el 31 de octubre del presente año.
Por otra parte, el presupuesto autonómico para 2026 incluye 2.116 millones de euros dedicados a las políticas contra la despoblación, reflejados en la Memoria de Impacto Demográfico. Esto se traduce en un esfuerzo económico diario de 5,8 millones de euros por parte del Gobierno de Emiliano García-Page para fortalecer servicios públicos en zonas rurales, fomentar el crecimiento de empresas en estos territorios mediante políticas fiscales diferenciadas, y estimular la creación de nuevos negocios. Este compromiso económico asciende a destinar un 3,4% del PIB regional a estas políticas, superando ampliamente el 1% que diversas organizaciones demandan a nivel nacional para abordar la problemática de la despoblación.
